La opinión de Bartolomé Espases, “Zona de turbulencias”. Una vez aprobada por el Congreso de los Diputados la Ley de Amnistía hemos entrado claramente en una zona de intensas turbulencias políticas, utilizando el argot aeronáutico. La Ley sale adelante una vez rechazada inicialmente por la mayoría absoluta del PP en Cámara Alta, por un ajustado margen de votos, 177 a favor y 172 en contra, dividiendo prácticamente el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo en dos y presidido por la mallorquina Francina Armengol. Así, de momento y de forma provisional, se da fin a las consecuencias penales del «procés» independentista catalán, con los votos en contra de PP, Vox, UPN y Coalición Canaria. También tienen que decir la última palabra en este laberinto legislativo la judicatura española y por supuesto la justicia europea. Sin dejar de lado a los fiscales del «procés».

Aunque todo parece decidido a simple vista, nada más lejos de la realidad. Los primeros movimientos tácticos en contra de la aprobación de la Ley de Amnistía ya han abierto la caja de los truenos, incluso en el propio conglomerado de las filas socialistas, donde García Paje y Javier Lambán ya hacían presagiar un claro desacuerdo con el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Si la tensión ha aumentado en las filas socialistas mucho más en PP y Vox, como era de esperar y que no validan con su posicionamiento el perdón al intento secesionista de los nacionalistas catalanes comandados principalmente por Junts (Carles Puigdemont) y ERC (Oriol Junqueras).

Javier Lambán (PSOE) ha sido amonestado económicamente por Ferraz al negarse al dar su visto bueno a la Ley de Amnistía, a pesar de las recomendaciones en contra del mismísimo Felipe González, mientras que Emiliano García Page (PSOE) se alinea ya como presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con otros presidentes autonómicos del PP, ejemplo Díaz Ayuso, señalando que lo hace para que prevalezcan los «derechos de igualdad» de sus conciudadanos y que afirma «juré defender», que plantearán cuestiones de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional previsiblemente en las próximas semanas. Todo ello, en plena tormenta política por el caso Koldo y la investigación abierta por el Juez Peinado, titular del número 41 de los de Madrid, contra Begoña Gómez como investigada, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además, a las puertas de la convocatoria de los ciudadanos a las urnas para el próximo día 9 de junio y cuyos votos configurarán un nuevo Parlamento Europeo y que en el fondo también ha solicitado inicialmente información a través de la Fiscalía Europea.

En Europa también tendrá que dilucidarse si la «malversación de fondos públicos» por la que está imputado Carles Puigdemont pueden exonerarle totalmente de su imputación judicial. Inicialmente los fiscales del Supremo que participaron en el juicio al «procés» ya han informado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, que no ven posible aplicar la Ley de Amnistía al delito de «malversación», y, por lo tanto, la orden de detención contra el expresidente catalán «no puede ser retirada». Mientras tanto, Carlos Puigdemón que huele a sangre, solicita ser investido como presidente de la Generalitat de Cataluña, con claras extorsiones al presidente Sánchez y con la clara amenaza que los 7 votos de los nacionalistas pueden acabar con el Gobierno del PSOE y por supuesto en una convocatoria electoral el próximo verano, acto seguido a las Europeas del próximo fin de semana. Un tema por el que no pasa ni «traga» el socialista García Page. El catalán quiere ni más ni menos que pleitesía y sumisión del Gobierno de España. Casi nada.

No sólo a nivel nacional se avecinan turbulencias de distinto calibre. La guerra de ocupación de Rusia contra Ucrania, con implicación económica y armamentista por parte de la Unión Europea y de EEUU; la guerra entre Israel y Hamás en territorio palestino, nada bueno hacen presagiar. El reconocimiento de España del «Estado Palestino» y la batalla diplomática iniciada entre ambos estados. Mucha turbulencia social y política. Al otro lado del Atlántico otra partida llena de turbulencias, la vista puesta en los próximos comicios presidenciales de EEUU en noviembre en los que Donald Trump no ceja en su intento de reelección para volver al despacho oval de la Casa Blanca, a pesar de ser ya un convicto de la justicia. A pesar de ello y al más estilo populista achaca la condena de los 34 cargos por parte de un «jurado popular» del Estado de Nueva York a la intervención del Estado y en especial de Joe Baiden, despreciando así uno de los pilares básicos de la democracia americana con una Constitución vigente desde 1787 y que ha sido objeto, eso sí, de numerosas enmiendas. Todavía le quedan pendientes ante la justicia a Trump toda una serie de imputaciones, entre ellas las que le implican como principal instigador en el asalto al Capitolio en 2020 y el presunto delito más grave que supuso el intentó de invalidar a la fuerza los votos de los Colegios Electorales que daban claramente la victoria al partido demócrata, otro de los pilares básicos de la democracia en los EEUU, el número de electos por cada circunscripción. A pesar de ello, no parece probable que pueda ser inhabilitado en su nueva carrera a la presidencia. Hace años, en otras épocas de la vida política americana ya tendría que haber dimitido como candidato a la reelección.

Si Trump alcanzara nuevamente la presidencia de los EEUU se iniciaría otra etapa de turbulencias políticas y económicas, a todos los niveles. Amigo de Putin y de sus postulados militares endurecería su política contra la Unión Europea de ayuda económica y militar a Ucrania, al mismo tiempo que como ya hiciera en el pasado aumentaría la presión a los países europeos de la OTAN para un incremento de sus aportaciones económicas y militares, incluso auspiciando la desprotección importantísima desde hace años de la zona europea. Otro tipo de turbulencias y que al fin y al cabo afectarían directamente a todos los ciudadanos en suelo europeo. No hablemos ya de otros postulados de Trump que durante su presidencia cargo de aranceles a los productos típicamente españoles, también mallorquines, como los vinos, el aceite de oliva, o el queso. Pongámonos los cinturones de seguridad, solo nos queda esperar una Europa que salga fortalecida políticamente y sin fisuras de los comicios del próximo 9 de junio. Eso como mínimo.