La Federación de Estancias Turísticas Vacacionales de Mallorca opina sobre el manifiesto de “Menys turisme, més vida” que “es injustificable pretender boicotear empresas, trabajadores, autónomos, que ejercen una actividad reglada y que soporta elevados impuestos para poder tener servicos en la comunidad autónoma, sanidad, educación, servicios sociales, seguridad, justicia, espacios naturales. El acoso, la intimidación, y las malas artes, deben ser castigadas como corresponde a los delitos al atacar a un Bien Esencial a una Infraestructura Crítica.

Cuando el activismo se disfraza de manual delictivo. Un cartel que enseña a ocultar la cara, localizar cámaras y repartirse roles antes de actuar no es un panfleto reivindicativo: es una guía operativa para delinquir con impunidad. Hay una frontera nítida entre protestar y delinquir, y esa frontera es precisamente la que Arran Mallorca y Menys Turisme, Més Vida han decidido cruzar con el cartel «Fes-ho tu també! Manual d'acció contra la turistificació». No estamos ante un texto de denuncia social, por dura que esta sea, sino ante un documento que enseña, paso a paso, cómo cometer actos vandálicos evitando ser identificado: localizar cámaras de seguridad para esquivarlas, comprobar la presencia policial antes de actuar, repartir roles entre quien graba y quien vigila, vestirse con ropa oscura y sin rasgos identificativos, ocultar tatuajes y piercings. Esto no es activismo. Es planificación.

El argumento de fondo —que Mallorca sufre una presión turística que erosiona el acceso a la vivienda y las condiciones de vida de buena parte de sus residentes— merece ser discutido con seriedad, y de hecho se discute cada día en sede parlamentaria, en los ayuntamientos y en el debate público balear. Pero la legitimidad de un malestar no convierte en legítimo cualquier medio para expresarlo. Que el cartel reivindique explícitamente «la acción directa no violenta contra un sistema que nos ahoga» no cambia la naturaleza de lo que describe: instrucciones para bloquear cerraduras de pisos turísticos, decorar fachadas sin consentimiento de sus propietarios o lanzar objetos contra locales comerciales son, se mire como se mire, daños materiales y coacciones contra terceros que nada tienen que ver con el diseño de las políticas turísticas de la isla.

Conviene además señalar algo que el propio reportaje recoge: el manual no distingue entre grandes tenedores o cadenas hoteleras y el pequeño comercio o la vivienda de particulares que, simplemente, se dedica al alquiler turístico dentro de la legalidad. «Cartel de la Federació Hotelera» y «negoci gentrificador» aparecen en el mismo nivel que cualquier inmobiliaria o local identificado por quien decida actuar esa noche. Es decir, la selección del objetivo queda en manos de quien participa, sin más criterio que la indignación del momento. Eso no es una crítica a un modelo económico: es una invitación abierta a señalar y atacar a quien cada cual decida.

Quienes sostienen, como hace uno de los portavoces de estas plataformas, que la situación de emancipación de los jóvenes en la isla es de «vulnerabilidad máxima» tienen todo el derecho a decirlo y toda la razón en poner el foco sobre un problema real. Pero de ahí a normalizar, en el mismo comunicado, la ocultación de identidad para cometer actos contra la propiedad ajena hay un salto que ninguna causa, por justa que se perciba, debería permitirse. La historia reciente de los movimientos sociales que han conseguido cambios duraderos —también en materia de vivienda y turismo— se ha construido sobre la presión política, la movilización pacífica y la exposición pública de argumentos, no sobre el anonimato operativo ni sobre el daño material planificado.

El sector turístico y comercial balear no es ajeno al debate sobre los límites del crecimiento ni pretende estarlo: buena parte de las organizaciones empresariales llevan tiempo reclamando políticas de contención, regulación de la vivienda turística y medidas de equilibrio territorial. Precisamente por eso resulta más grave que la respuesta a esas tensiones no venza por el terreno de las propuestas, sino por el de la intimidación a comercios y particulares. Cuando una plataforma explica cómo esconderse de las cámaras antes de actuar, ya no está denunciando un problema: está organizando su propia impunidad. Las administraciones y, en su caso, los cuerpos de seguridad tienen la obligación de valorar si este tipo de contenidos exceden la libertad de expresión y entran en el terreno de la incitación a cometer delitos contra el patrimonio y el orden público. Y el debate social sobre la masificación turística, que es legítimo y necesario, no puede quedar secuestrado por quienes prefieren la capucha al argumento. Jordi Cerdó Cladera presidente de la Federación de Estancias Turísticas Vacacionales de Mallorca.