EL GOBIERNO CONFIRMA QUE SERÁ POSIBLE LA MOVILIDAD. El domingo 9 de mayo, pistoletazo de salida para el turismo doméstico. Una vez expire el estado de alarma, las comunidades que quieran recortar derechos fundamentales de los ciudadanos deberán contar con el respaldo de un juez.

La medianoche del sábado 8 de mayo, justamente a las 00.00 horas, decaerá el estado de alarma decretado por el Gobierno el 25 de octubre de 2020. ¿Qué supondrá desde el punto de vista turístico? A priori, si no hay sorpresas de última hora, se producirá la vuelta de la movilidad entre comunidades, aunque con matices (Vuelta del turismo doméstico con el fin del estado de alarma).

Su fin traerá consigo la desaparición de la mayoría de los cierres perimetrales y toques de queda. Sin embargo, las comunidades podrán recurrir a la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, que permite tomar medidas excepcionales para controlar la enfermedad, siempre y cuando se trate de situaciones excepcionales avaladas por un juez.

Y aquí entra en juego el cambio aprobado por el Ejecutivo central el pasado martes 4 de mayo. A partir de ahora, si la justicia autonómica tumba alguna de las restricciones impuestas por una comunidad, ésta podrá acudir al Tribunal Supremo, por lo que sus posibilidades de sacar adelante restricciones aumentan de forma considerable.

Aunque existe esta opción, que previsiblemente será utilizada en zonas donde haya una elevada trasmisión de Covid-19, todo apunta a que el 9 de mayo será el pistoletazo de salida para el turismo doméstico, atado de pies y manos durante casi seis meses por los cierres perimetrales decretados por 14 de las 17 comunidades autónomas que conforman España.

Así lo ha confirmado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, quien ha dicho que sí será posible la movilidad entre territorios a partir del 9 de mayo, salvo casos excepcionales en los que exista una incidencia alta de coronavirus.

En declaraciones a Canal Sur, Calvo ha insistido en que las comunidades tienen “recursos suficientes” para combatir la pandemia, argumentando que “salvo confinar a los ciudadanos en sus casas, casi todo lo demás se puede hacer”. “Las comunidades autónomas junto con el Gobierno, que es quien ha puesto los recursos y el paraguas jurídico, coordinándonos, viendo cómo evoluciona la situación, estamos en condiciones de empezar a sacar a nuestro país de la crisis social y económica que tenemos”, explica.

Algunos gobiernos, como es el caso de los de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, ya anunciaron hace días que renunciarán directamente a los confinamientos perimetrales de toda la comunidad una vez expire el estado de alarma. No obstante, otras, como es el caso del País Vasco, estudian su viabilidad. Informa Preferente.com.

El alto coste de las pruebas PCR supone una barrera casi insalvable para la reactivación del turismo internacional. Según un estudio de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), su precio oscila entre 90 y 208 dólares, un sobrecoste que dificultará la ansiada recuperación de los viajes ().

Incluso tomando como referencia el precio más bajo de 90 dólares, agregar dichas pruebas a las tarifas aéreas supone un incremento drástico del precio. Antes de la crisis, un billete de avión costaba de media 200 dólares, por lo que si se le añaden los citados 90 dólares se produciría un aumento del 45% ().

Suponiendo que se necesiten de dos pruebas en cada dirección, el costo medio de un viaje podría aumentar de 400 a 760 dólares, es decir, hasta cerca de cuatro veces más de lo que vale el billete de avión. El impacto de las pruebas de Covid-19 es aún más severo en el turismo familiar, provocando alza de precios completamente desorbitado.

IATA revela que el reglamento sanitario internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS)estipula que los estados no deben cobrar por las pruebas o las vacunas o por la emisión de certificados. El Comité de Emergencias Covid de la OMS ha reiterado recientemente esta posición.

De momento, muchos estados, entre ellos España, “están ignorando sus obligaciones de tratados internacionales, poniendo en peligro la recuperación de viajes y arriesgando millones de medios de vida”, denuncia el lobby aéreo, que añade que “los altos costos de las pruebas también incentivan el mercado de certificados falsos”. De los mercados encuestados, solo Francia cumple con la recomendación de la OMS y asume las pruebas de los viajeros.

En palabras del director general de IATA, Willie Walsh, la recuperación “podría verse comprometida peligrosamente por los costos de las pruebas, en particular las PCR”. “Los costos de las pruebas no deben interponerse entre las personas y su libertad para viajar. La mejor solución es que sean asumidos por los gobiernos, es su responsabilidad”, sentencia.