Editorial: 55 sociedades científicas han suscrito un Manifiesto demandando a las administraciones españolas una respuesta a la COVID-19 “coordinada, equitativa y basada en la evidencia científica”. La presentación de este documento, se ha producido en la clausura del I Congreso Nacional COVID-19, que durante siete días ha acogido la puesta en común de todo el conocimiento científico acumulado sobre la pandemia en España a lo largo de estos últimos seis meses, expuesto todo ello a través de 23 mesas redondas, 11 conferencias especiales y más de 400 trabajos de investigación en forma de posters y comunicaciones orales.

El objetivo de este Manifiesto, detrás del cual están los 171.656 profesionales sanitarios representados por estas 55 sociedades científicas, es ofrecer a las autoridades sanitarias y la opinión pública españoles un documento de reflexión para “mejorar la gestión de la pandemia en nuestro país”, a través de doce recomendaciones o pautas de actuación que van desde la necesidad de guiar la toma de decisiones por “criterios estrictamente sanitarios, basados en la mejor evidencia científica disponible.

Y desligados de cualquier otro interés que no atienda al interés general de la población” hasta “garantizar la coordinación territorial” y “una protocolización nacional de mínimos”, pasando por el rechazo a la discriminación de edad y de cualquier otro tipo en “el acceso equitativo de la ciudadanía a los recursos sanitarios, preventivos y terapéuticos más adecuados que requiera su situación clínica”.

Han calificado la situación actual de “muy preocupante” y ha señalado que “los profesionales sanitarios pensamos que la gestión de la pandemia es mejorable”, por lo que ha pedido a las administraciones que reaccionen y a los ciudadanos que colaboren para evitar un nuevo desbordamiento del sistema sanitario. “Por un compromiso ineludible con la sociedad es nuestra obligación proponer estrategias que permitan mejorar la gestión. Y esto es lo que pretendemos con este Manifiesto, que tiene unos firmantes con autoridad moral suficiente para exigir que sus recomendaciones sean al menos tenidas en consideración”, ha afirmado.

El Manifiesto comienza solicitando a “todas las personas e instituciones que tienen responsabilidades políticas en la gestión de la pandemia, que tanto en la expresión pública de su posicionamiento como en la toma de decisiones se guíen por criterios estrictamente sanitarios”, subrayando que la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de que “la ciencia juegue un papel más relevante en la esfera pública” y de que se establezcan procedimientos entre la comunidad científica y los centros de decisión política para garantizar que “las medidas y estrategias adoptadas responden a la mejor evidencia”.

Las sociedades científicas consideran imprescindibles también la “lealtad y colaboración entre partidos políticos e instituciones” y apelan a la responsabilidad de nuestros representantes públicos “para alcanzar un clima de diálogo y consenso que permita adoptar las mejores decisiones y estrategias en la gestión de la pandemia” y para mejorar las futuras actuaciones “sin ánimo recriminatorio, y asumiendo la conveniencia y necesidad del aprendizaje continuo en una situación que ha sobrepasado las previsiones del conjunto de la Humanidad”.

Asimismo, y hasta que haya vacunas o fármacos seguros y eficaces para la prevención o el tratamiento de la infección por SARS-CoV-2, subrayan que “las medidas no farmacológicas de salud pública son el pilar de control de la pandemia”, por lo que piden que se dote a los organismos gestores de la crisis, en cualquiera de los niveles de organización del país, de “las herramientas legales, técnicas y administrativas necesarias para implementar medidas de Salud Pública de forma rápida”, estableciéndose todas las modificaciones legales y administrativas necesarias para ello.