Los terceros afectados que compraron aparcamientos en el edificio del Parking del Principal de Manacor, ajenos al conflicto en el cual estaba inmerso el Ayuntamiento de Manacor y una vecina, y ahora la justicia los tira abajo porque son ilegales, pedirán daños y perjuicios al Ayuntamiento de Manacor, que fue quién dio la licencia mal. Los afectados se presentarán esta mañana de lunes día 17 de junio ante el alcalde Miquel Oliver (su primer día como presidente de la corporación) y le comunicarán que se han organizado y todos juntos demandarán al Ayuntamiento de Manacor porque pierden su estacionamiento y nadie les da otro en su lugar.

También pedirán donde dejan el coche mientras duran las obras de demolición (previstas sobre 4 y hasta 5 meses). El lio es muy grande, el juzgado está notificando que se retiren los coches y terminado el plazo si no se ha quitado del lugar una grúa se los llevará. La empresa constructora tiene orden de iniciar las obras urgentes, proyecto que ha realizado el Ayuntamiento de Manacor y todos los gastos de demolición corren a cuenta de la Corporación Municipal (han perdido la sentencia por dar mal la licencia). El ayuntamiento tiene que pagar la demolición y está a la espera según el próximo pleito en curso si tendrá que pagar los estacionamientos demolidos.

Es un casualidad pero esa licencia de obras se concedió de manera irregular según el juez en la legislatura de 1987 a 1991 cuando gobernaban los partidos de PSM, PSOE, CDS y UM, ahora el alcalde de MÉS-Esquerra y el PSOE tendrán que solucionar la herencia de sus compañeros de partido y los técnicos de entonces. Quienes compraron el parking y ahora lo pierden están soliviantados, muchos han acudido a su abogado para saber que hacer y otros se han unido para hacer una causa común. Suman según nos cuentan varias decenas. Otros parkings que se tiran los pierden los promotores que los tienen alquilados a terceros y no los vendieron cuando comenzó el pleito, por si acaso.

El TSJIB dictó sentencia en marzo del 2014 (decisión inapelable), e implica que se deberá eliminar la azotea y los aparcamientos del tercer piso, también se deberá quitar una parte del resto de pisos de las plantas superiores y reconfigurar las instalaciones sobre las rampas de acceso. Hay sobre unas 275 plazas a razón de 40 por planta y las más altas y terraza/azotea 30. Los terceros afectados que compraron sus estacionamientos y ahora hay que demoler pedirán daños y perjuicios al Ayuntamiento de Manacor, la Corporación dio la licencia mal según los jueces y al igual que paga las obras de demolición, tendrá que asumir los perjuicios y daños, como los meses que duren las obras sin parking por desalojo al obligarlo el juzgado.

La alcaldesa Catalina Riera dijo: "Estudiamos la posibilidad de ofrecer a los propietarios afectados temporalmente por la demolición, y que puedan utilizar una parte de los aparcamientos públicos de Na Camel·la y de la plaza de Sant Jaume durante el tiempo que se ejecuten las obras". “Queremos reunirnos con los afectados y plantearles cerrar definitivamente este capítulo sin que ninguna de las partes afectadas se sienta perjudicada respecto a la otra". Ahora han llegado las notificaciones para abandonar el parking por obras y en algún lugar deben dejar los coches.

El conflicto nace en 1969 cuando demolido el antiguo Teatro Principal, los propietarios solicitaron al Consistorio una licencia de obras para construir tres plantas de aparcamientos subterráneos y cuatro en superficie, total 7. Diversos problemas económicos obligaron a parar a medio camino. Después en 1980, la Sala aprobó las NNSS que limitaban a dos las alturas del crecimiento de fincas de la calle Amistat, donde se sitúa el parking.

En 1990, el grupo de inversores pidió al Consistorio permiso para finalizar el proyecto redactado veinte años atrás. No hubo impedimentos y los aparcamientos concluyeron. Una vecina afectada por los ruidos y la falta de luz por el crecimiento del inmueble, denunció al Ayuntamiento por la concesión ilegal de la nueva licencia. Y el juzgado dictó sentencia inapelable en 2014. Hay que cumplirlo urgente, llegan las denuncias al alcalde y lo dice el juez.