La Comisión europea acepta que las comunidades autónomas reticentes a las gasolineras sin personal puedan presentar alegaciones. Consumo arranca a la Comisión Europea el compromiso de estudiar las singularidades territoriales de las Illes Balears. El director general de Consumo, Francesc Dalmau, se reunió ayer con representantes de DG Grow de la Comisión Europea y expuso el impacto que tendrà en Balears la aprobación de la normativa europea que autoriza la instalación de gasolineras sin personal.

La respuesta de la Comisión fue mantener un diálogo abierto con las comunidades autónomas españolas afectadas por la aprobación de la reciente Directiva. En este sentido la Comisión ha emplazado a los representantes autonómicos la presentación de alegaciones para estudiar el caso español. Desde la Dirección General de Consumo se exige la defensa de los intereses de los consumidores siguiendo los criterios de seguridad, accesibilidad y estabilidad en los puestos de trabajo. “Para nosotros es importante el diálogo con las comunidades autónomas por parte de la Comisión Europea”, aseguró Dalmau.

La Dirección General de Consumo enviará las alegaciones y explicará las singularidades de las Illes Balears. Asimismo, el director de Consumo volverá a reunirse con la patronal y los sindicatos más representativos del sector de las gasolineras para informarles del desarrollo de la reunión en Bruselas. Cabe señalar que La Unión Europea aprobó recientemente una Directiva, que el pasado mes de diciembre fue traspuesta por el Gobierno de España, que permite la instalación de gasolineras no atendidas (sin personal).

Esta norma, contraria al Decreto 31/2015, de 8 de mayo, por el que se regulan los derechos de los consumidores y usuarios ante la actividad de venta al público al por menor de gasolinas y gasóleos de automoción en el territorio de las Illes Balears, deja en una situación de total desprotección a los consumidores de Balears, en cuanto a la seguridad de las personas y de determinados colectivos con dificultades de movilidad, y amenaza con ser un riesgo para los actuales trabajadores y futuros puestos de trabajo. El artículo 7 del Decreto, que hace referencia a la necesidad de tener personal en las gasolineras, está actualmente suspendido por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, aunque dicha sentencia se recurrió al Tribunal Supremo, que ha admitido a trámite el recurso de casación.