Fracasa la prohibición de votar a dos diputados de VOX y se rompe el rodillo de Armengol y su decretazo que será debatido en el Parlamento balear

El Grupo de VOX en el Parlamento de las Islas Baleares ha conseguido evitar un “verdadero pucherazo” en la votación del decreto ley de Medidas Urgentes propuesto por la presidenta del ejecutivo autonómico, la socialista Francina Armengol, y sus socios de Podemos y los independentistas de Més per Mallorca. El  presidente del Parlamento, el también socialista Vicenç Thomàs, ha intentado prohibir el voto de dos de los tres diputados de VOX (Jorge Campos e Idoia Ribas) y de la diputada de Cs (Patricia Guasp). 

Thomàs, se ha escudado en un acuerdo de la Mesa del Parlamento sobre el voto telemático para impedir el voto de los diputados. Dicho acuerdo no puede prevalecer sobre el Reglamento del Parlamento (artículos 14 y 18)  ni sobre el derecho fundamental e inalienable de los diputados a ejercer su voto como representantes de los ciudadanos que los han elegido. Así se lo ha indicado Jorge Campos.

Thomás ha suspendido la sesión para finalmente recular, como no podía ser de otra manera.  A resultas de la votación el decreto ha sido aprobado por el tripartito de izquierdas e independentistas, pero gracias a los votos de VOX que se intentaban vetar deberá ser tramitado como proyecto de ley. Ello supone un serio revés para Francina Armengol, ya que ello le impide aplicar su rodillo ideológico tal y como ha señalado Campos: “el Gobierno balear queda en evidencia. Ya no puede seguir son sus medidas unilaterales, con su pantomima de un acuerdo que ni existe ni buscan. Armengol ha sumado críticas en los últimos días de asociaciones y entidades que no aceptan sus 'acuerdos para la reconstrucción'. Le guste o no, va a tener que someterse al control del Parlamento”.

El polémico decreto de Medidas Urgentes es un texto que modifica 24 leyes y 8 decretos anteriores. Se trata de un verdadero rodillo ideológico que plantea medidas que poco o nada tienen que ver con la intención de paliar el impacto económico de la pandemia del COVID19. Entre otras cosas se da barra libre a subvenciones a ecologistas y catalanistas que pueden cobrar hasta 3.000 euros sin justificar los gastos, tan solo con una declaración. Es sólo uno de los múltiples puntos de un decreto que por todo lo que supone debe ser sometido a control parlamentario.